La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 78 171 causado por funcionarios de la Red Asistencial Tacna de EsSalud, quienes autorizaron el pago de bonos extraordinarios Covid-19 a personal que no cumplía con los requisitos establecidos para recibir el beneficio.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N°014-2023-2-0667 detalla que los funcionarios beneficiaron a personal del hospital III Daniel Alcides Carrión, y los Centros de Atención Primaria (CAP) III Metropolitano, CAP II Luis Palza Lévano y CAP II Oscar Fernández Dávila.
Los pagos indebidos corresponden a marzo del 2020 por periodos no comprendidos dentro del beneficio. Asimismo, desde abril 2020 hasta marzo 2021, se autorizó el pago del bono extraordinario COVID-19 a médicos, enfermeras y tecnólogos médicos que cumplieron su labor en áreas y/o actividades que no se relacionaban con la atención directa de pacientes sospechosos y/o confirmados con el COVID-19.
Igualmente se benefició a personal asistencial por horas comprendidas dentro del descanso vacacional, con lo cual se demuestra que no se cumplieron los criterios establecidos en la normativa para el otorgamiento de este beneficio.
Estos hechos transgredieron el artículo cinco del Decreto de Urgencia N° 026-2020 del 15 de marzo del 2020 y las disposiciones complementarias aprobadas con resoluciones de la Gerencia General de EsSalud.
La comisión de control determinó que en el Hospital Daniel Alcides Carrión se autorizó el pago de bono COVID-19 entre el 12 y 31 de marzo (considerando que el primer caso de Coronavirus se reportó el 29 de marzo 2020) a 20 profesionales (entre médicos, técnicos en enfermerías, tecnólogos médicos, enfermeras y jefe del servicio asistencial) por más de S/ 13 000 soles sin verificar que realizaron servicio en áreas relacionadas con a la atención de pacientes COVID-19, así como las horas efectivas registradas.
Otros S/ 40 576,16 se pagaron a galenos por horas de labor en exceso y por horas en áreas y actividades que no relacionaban con la atención de paciencias sospechosos y/o confirmados con COVID-19.
Asimismo, se determinó que se gastó S/ 15 420 en el pago a enfermeras que recibieron bonificaciones a pesar de que no desempeñaron su trabajo en áreas relacionadas a la atención de personas infectadas o sospechosas de Coronavirus.
Por estos hechos se encontró responsabilidad civil y administrativa en ocho servidores que ocuparon las Gerencia Central de Operaciones, Gerencia de Operaciones Especiales, Sub Gerencia de Articulación de operaciones especiales, así como al jefe de la Unidad de Recursos Humanos, técnico de servicios administrativos y apoyo de la Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna.
El informe fue remitido a la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, con la finalidad de que se efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios de la entidad. Asimismo, se recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría el inicio de acciones civiles en contra de los servidores comprometidos.
El perjuicio económico detectado por la Contraloría General de la República es un hecho lamentable, que demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las entidades públicas. Asimismo, es importante que los funcionarios públicos cumplan con los requisitos establecidos para el otorgamiento de beneficios, a fin de evitar la ocurrencia de este tipo de irregularidades.