Juez estadounidense pide que exmandatario se entregue mañana a los Marshal. «Chakano» delataría a exministros y operadores políticos que Fiscalía aún no investiga.
El juez de California, Thomas Hixson, ordenó ayer por la noche que Alejandro Toledo, el otrora político que prometió luchar contra la corrupción tras llegar al poder, pero que terminó envuelto en el mayor escándalo de corrupción del Perú, a través del caso Lava Jato; tendrá que entregarse al servicio de Marshal el día de mañana 7 de abril a las 9:00 a. m., hora de San Francisco (California).
Efectivamente, la Corte de Apelaciones de California rechazó su último reclamo contra la extradición, y la Fiscalía de EE.UU. solicitó inmediatamente su detención, la cual se cumplirá hasta que tome su avión de regreso a tierras incas.
Exministros de Toledo han venido siendo investigados por los tribunales peruanos: Pedro Pablo Kuczynski, Fernando Olivera y Fernando Zavala, entre otros. Además, en pleno proceso de extradición se reveló que Diego García Sayán había trabajado para Odebrecht, precisamente para viabilizar la Interoceánica Sur.
Desde el 28 de septiembre de 2021, el juez Thomas Hixson había dado visto bueno al pedido de la justicia inca, pero Toledo había tomado todas las medidas posibles para demorar la ejecución de esta orden. El destino real de los 35 millones de dólares que Jorge Barata confesó haberle dado para que Odebrecht tenga la obra fronteriza con Brasil pesarían mucho en esta intentona.
Su último pretexto fue decir que las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte ponían en peligro su integridad física, si retornaba a nuestro país.
“Desde la destitución del presidente Castillo, el país ha estado en Estado de Emergencia, lo que resultó en la ‘suspensión de varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad de tránsito, la libertad de reunión y el derecho a la privacidad en el hogar”, decía su defensa.
Peligro de fuga
Sin embargo, el gobierno de Joe Biden respondió que, aprobada la extradición en última instancia penal (sin contar los hábeas corpus), el verdadero peligro era que el investigado por corrupción escape para evitar una inminente prisión.
“Esa argumentación no es nueva y, además, ignora el hecho de que el riesgo de Toledo para huir es solo mayor ahora que su entrega es más segura, tras la decisión del secretario”, se sostuvo.
