La Contraloría General de la República (CGR) observó el nombramiento de 19 trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG), debido a que la comisión interna a cargo permitió que alcanzaran tal condición, pese a que ocuparon plazas orgánicas en las que no se desempeñaban, sin cumplir los requisitos establecidos para acceder a las mismas e incluso otorgó permanencia a servidores de confianza, a quienes no les correspondía dicho beneficio.
Mediante Informe de Control Específico 027-2023-2-0214-SCE, la comisión de control evidenció irregularidades en el proceso de nombramiento de 51 trabajadores en el Decreto Legislativo N°726 que llevó adelante una comisión interna de la UNJBG entre el 13 de junio del 2019 al 6 de noviembre del 2020.
Este grupo de trabajo permitió el nombramiento de 19 servidores que se encontraban trabajando como contratados a plazo fijo; sin embargo, se les otorgó la condición de permanentes en plazas orgánicas que no ocupaban, con lo que se vulneraron los lineamientos del proceso.
Se observó, además, que doce de ellos no contaban con una plaza establecida en el Cuadro de Asignación de Personal y Manual de Organización y Funciones vigentes, lo cual, según los parámetros aplicables al proceso de nombramiento, debe cumplirse en cuanto al perfil del cargo y requisitos propios de las plazas orgánicas en la cual se realizó el nombramiento.
Asimismo, se advirtió que tres postulantes estaban ocupando cargos de confianza, por lo que no eran candidatos a nombramiento, al no estar incluidos en los alcances de los lineamientos para el nombramiento de personal en el régimen laboral 276 del sector público. Estos hechos no fueron observados ni advertidos por la comisión interna de nombramiento.
La CGR recomendó a la UNJBG que adopte las medidas correctivas y preventivas necesarias para subsanar las irregularidades detectadas, así como que inicie las acciones administrativas correspondientes contra los funcionarios responsables.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las universidades públicas, a fin de garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos de nombramiento de personal.
