La ciudadana Liliana del Carmen Velazco Cornejo, convocó a una conferencia de prensa el miércoles 2 de agosto para tratar asuntos personales como ser la denuncia pública que conllevó a su expulsión del Movimiento Regional Fuerza Tacna. La conferencia se realizó en las instalaciones de la nueva sede del Gobierno Regional de Tacna, utilizando recursos del gobierno regional.
Velazco Cornejo utilizó las instalaciones del gobierno regional, mobiliario, equipos de amplificación, micrófonos, personal y hasta bocaditos pagados con el dinero de los tacneños para atender a los periodistas que se dieron cita en la conferencia. La conferencia se realizó con el fin de aclarar los temas personales por los que fue expulsada del Movimiento Regional.
El uso de recursos del gobierno regional por parte de Velazco Cornejo podría constituir un delito de peculado de uso. El peculado de uso es un delito que se comete cuando un funcionario público utiliza bienes del Estado para fines ajenos al servicio público. En este caso, Velazco Cornejo utilizó las instalaciones del gobierno regional, mobiliario, equipos de amplificación, micrófonos, personal y hasta bocaditos para tratar asuntos personales.
Peculado de Uso
"El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, serpa reprimido con pena privativa no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa".
El delito de peculado de uso es un delito grave que puede ser castigado con prisión de hasta 6 años. La Fiscalía Anticorrupción de Tacna deberá iniciar una investigación para determinar si Velazco Cornejo incurrió en este delito.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción es importante porque podría sentar un precedente para otros casos de funcionarios públicos que utilizan recursos públicos para fines personales. Es importante que los funcionarios públicos sean responsables con el uso de los recursos públicos y que rindan cuentas de su gestión.