Una nueva jornada del "Juicio Torres 2025" se llevó a cabo este jueves en el Cuarto Juzgado Penal, con la presencia de la defensa técnica del exalcalde Luis Ramón Torres Robledo, el actor civil, el acusado Jorge Infantas, y representantes de la sociedad civil. La audiencia se centró en la evaluación de pruebas documentales y la pertinencia de una declaración jurada clave, en medio de un tenso debate sobre la validez de los argumentos presentados.
La sesión, presidida por la magistrada a cargo, inició con la acreditación de todas las partes, incluyendo al abogado Alberto Guevara Moya, defensa técnica de Luis Ramón Torres Robledo, y Jorge Infantas Franco en autodefensa. También se contó con la participación de Yuri Antonio Reynoso Guillermo del colectivo "Justicia para Tacna" y Jimmy Pablo Guzmán Santillana, dirigente de la Junta de Vecinos del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, quienes, como parte de la sociedad civil, presenciaron la audiencia virtual.
El "Reporte Periodístico" como prueba y el debate sobre la independización de predios
El punto central del debate giró en torno a un "reporte periodístico del diario oficial peruano" con fecha 9 de julio de 2015. La defensa del actor civil presentó este documento para acreditar que, en esa fecha —seis meses antes de la declaración objeto de imputación—, ya se estaba tramitando un pedido de independización de un predio municipal (lote 06, sector Vista Alegre), con base en el Decreto Supremo 130-2001-EF.
Según la defensa, esta publicación inicial desencadenó todo el procedimiento. La publicación advertía que, de no presentarse oposición en 30 días, se procedería a la inscripción definitiva. Lo "sorprendente", según el actor civil, es que en diciembre de 2015 se inició nuevamente otro procedimiento de independización, sin que se hayan aclarado las circunstancias del primer trámite.
Sin embargo, las defensas técnicas cuestionaron la relevancia de este documento. La defensa de Infantas señaló que el recorte periodístico "no indica que sea cualquier proceso judicial de oposición", sino que la norma exige que se cuestione "judicialmente la titularidad del bien". Por su parte, la defensa de Jaime Dueñas Noriega reclamó la falta de pruebas de notificación a su patrocinado sobre la existencia de un trámite de oposición. La defensa de Torres Robledo fue categórica al advertir que dicho documental "no es útil ni pertinente para el presente proceso".
Esquela de Observación y la declaración jurada bajo la lupa
Otro documento clave en la audiencia fue la "esquela de observación de fecha 13 de agosto de 2015", correspondiente al título 2015-24611. Este documento es de particular importancia, ya que fue objeto de judicialización. La defensa argumentó que esta esquela, emitida por la registradora Daisy Pereira Holanda, resalta un punto crucial: el artículo 9 del Decreto Supremo 130-2001-EF, que establece que las declaraciones juradas deben manifestar que los inmuebles y derechos "no son materia de procedimiento judicial alguno en el que se cuestione la titularidad del bien".
La registradora habría advertido que, aunque la declaración jurada emitida por el "representante legal de la municipalidad provincial de Tacna" (entendiendo que se refiere al alcalde de 2015) indicaba que el bien no era materia de proceso judicial, la norma exige una precisión específica sobre la no existencia de procedimientos que cuestionen la titularidad. La defensa de Torres Robledo insistió en que la demanda de oposición judicial en el presente caso ha versado sobre aspectos técnicos y "nunca ha cuestionado la titularidad del bien", por lo que la declaración jurada presentada en el proceso es "verdadera".
La defensa de Noriega, en tanto, reiteró la falta de constancia de notificación a su patrocinado sobre la existencia de un trámite de oposición, elemento que, según la sala, es necesario para establecer si hubo conocimiento del proceso.
La audiencia concluyó con la declaración de cierre, quedando notificadas todas las partes para que puedan ejercer su derecho de autodefensa. El "Juicio Torres 2025" continúa su curso, en medio de la complejidad de las pruebas documentales y los intensos debates sobre la responsabilidad en los procesos de independización de predios municipales.
