La presidenta descarta que los hechos ocurridos en las protestas puedan ser considerados como “ejecuciones extrajudiciales” o una “masacre”. Además, dijo creer que no se pueden llegar a conclusiones con una visita de la delegación por unos días al Perú. El premier Otárola cuestionó que no hayan entrevistado a policías y militares heridos.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, rechazó los calificativos que utilizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe final para referirse a las acciones del Estado peruano durante las protestas.
“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional”, reclamó.
La respuesta de rechazo de la mandataria se debe a las conclusiones del informe que afirman que en la región de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con el documento, al tratarse de violaciones perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”.
Incluso, sostienen que por las múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una “masacre”.
Presidenta Dina Boluarte se pronunció en conferencia de prensa sobre el informe de la CIDH respecto a las protestas sociales contra su gobierno y el Congreso. FOTO: Hugo Pérez / @photo.gec
Presidenta Dina Boluarte se pronunció en conferencia de prensa sobre el informe de la CIDH respecto a las protestas sociales contra su gobierno y el Congreso. FOTO: Hugo Pérez / @photo.gec
RESPUESTA
En una conferencia de prensa, respaldada por sus ministros de Estado, la presidenta Boluarte cuestionó que con apenas unos días de visitas al Perú se puedan extraer conclusiones que incluso son presentadas en condicional.
“Los de la comisión cuando estuvieron en la primera visita fueron dos días y en la segunda tres días, en cinco días yo creo que no hayan podido llegar a conclusiones para aseverar alguna conclusión”, afirmó.
La mandatario dijo que si bien saluda el informe, rechaza todas las afirmaciones, aunque hablen en condicional, acerca de ejecuciones extrajudiciales o que haya existido una masacre.
“Rechazamos que ha habido una situación étnico-racial, lo rechazamos profundamente. Ellos no saben que los que estamos aquí en el Ejecutivo, a nuestros hermanos del ande, de la selva, a nuestros hermanos afro y a todos los peruanos, los amamos sin distinción alguna”, apuntó.
En un sentido similar se pronunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
“No me parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la comisión concluya que hubo graves episodios del uso de la fuerza tan solo con algunas entrevistas y dos visitas al Perú”, dijo.
Además, criticó que la comisión no haya entrevistado a los policías y militares heridos durante las manifestaciones, a pesar de ser los encargados de resguardar la seguridad nacional.
El premier también cuestionó que en el informe de 113 páginas solo se hayan dedicado 10 líneas para narrar el deceso del suboficial PNP José Luis Soncco en Puno, efectivo que murió carbonizado en su patrullero atacado por manifestantes.
Finalmente, Otárola dijo esperar que entre el Estado peruano y la CIDH se adopten decisiones con total objetividad, dejando de lado a los actores ideológicos y políticos. “Recordar a la CIDH que su papel fundamental como organismo internacional es la defensa de los derechos humanos de toda la población y no solo de aquellos que reclaman un cambio de la política de gobierno o una nueva Constitución”, añadió.
Por su parte, el ministro de Justicia Daniel Maurate destacó que la CIDH utilizó términos condicionales.
“Cuando se usa el condicional es que puede ser o que no, eso se resuelve con la investigación que corresponde al Ministerio Público”, indicó.
SESGO
El documento emitido por la CIDH tiene 12 conclusiones sobre la situación de las protestas, aunque la mayoría presenta un enfoque sesgado.
Por ejemplo, hacen referencia a que las muertes ocurridas en Ayacucho podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”. Sin embargo, en el mismo documento explican todos los decesos ocurridos en la región fueron en el marco de las protestas.
Además, hablan de la posibilidad de calificar lo ocurrido en el Perú como una “masacre”.
La Real Academia Española (RAE) define la masacre como la matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida.
Cabe precisar que en el mismo informe se pronuncian sobre los actos de violencia y hechos vandálicos de parte de los manifestantes.
Durante las marchas, se reportó el uso de piedras, palos, ataques a instituciones públicas, quema de edificios y agresión a policías.
Otro aspecto relacionado al informe es la ausencia de cierta información.
La CIDH analizó los hechos ocurridos en el Perú desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 23 de enero de 2023.
Sin embargo, posterior a esta fecha, sucedió un hecho relevante a principios de marzo que no fue incluido en el texto final.
Se trata del deceso de seis integrantes del Ejército que murieron ahogados al verse obligados a cruzar un río en Ilave, Puno. El motivo: Al otro lado un grupo de pobladores estaban provistos de piedras y avellanas que iniciaron una agresión en su contra.
Por otro lado, sobre las recomendaciones a las que hace referencia el informe final, la presidenta Boluarte informó que las evaluarán y “conforme a nuestro marco legal e institucional, las iremos atendiendo”.
Sin embargo, aclaró que el Gobierno viene implementando un conjunto de acciones incluso antes de que inicien las investigaciones.
