La confirmación de la sentencia de ocho años de prisión para el exgobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, por el delito de peculado doloso agravado, ha sacudido a la región. Sin embargo, más allá de la condena, las declaraciones del ex procurador ad hoc del Gobierno Regional de Tacna, Juan Curo Curo, han generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre su ética profesional.
Curo, quien en el pasado tuvo la responsabilidad de defender los intereses del Estado, sugirió públicamente que Tonconi podría seguir los pasos de Vladimir Cerrón y pasar a la clandestinidad para evadir la justicia. Estas declaraciones, lejos de promover la legalidad y el respeto a las instituciones, parecen más bien un llamado a la evasión y a la desobediencia civil.
La falta de ética de Curo parece evidente al incitar a un sentenciado a evadir la justicia. Su rol como ex procurador lo obligaba a defender la legalidad y a colaborar con las autoridades para que se cumpla la ley. Sin embargo, sus declaraciones parecen contradecir este principio fundamental.
¿Intento de desprestigiar a la justicia?
Algunos analistas han interpretado las declaraciones de Curo como un intento de desprestigiar a la justicia y sembrar la duda sobre la legitimidad de la sentencia contra Tonconi. Al sugerir que el exgobernador podría ser perseguido políticamente como lo argumenta Cerrón.
¿Curo busca generar un clima de opinión favorable hacia Tonconi Quispe y minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones?
La sociedad civil reacciona
La sociedad civil tacneña ha expresado su indignación ante las declaraciones de Curo. Ciudadanos han exigido que se investiguen las posibles responsabilidades del ex procurador en este caso. Asimismo, han llamado a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar que Tonconi sea capturado y puesto a disposición de la justicia.
"Las declaraciones del ex procurador Curo representan un grave atentado contra la ética profesional y el estado de derecho. Al incitar a un sentenciado a evadir la justicia, Curo no solo ha demostrado una falta de compromiso con los principios que debe defender un servidor público, sino que también ha puesto en riesgo la credibilidad de las instituciones", comentó un oyente.
Es fundamental que las autoridades investiguen a fondo este caso y sancionen a los responsables. Asimismo, la sociedad civil debe mantenerse vigilante y exigir que se cumpla la ley. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
