Exfiscal de la Nación llamó a fiscal a cargo del caso.
Se acabó la impunidad para el periodista Gustavo Gorriti. Se reveló un video en el que se vio cómo el fiscal Pablo Sánchez llamó al letrado Rodrigo Rurush en plena diligencia al local de IDL-Reporteros.
En el clip se apreció a Rurush, en primera instancia, sentado con el celular en la mano cuando de pronto recibió la conexión telefónica del entonces fiscal de la Nación, quien le habría preguntado si estuvieron desarrolando un allanamiento, a lo que respondió:
“Efectivamente doctor, por disposición de la Fiscalía Provincial estamos llevando a cabo una diligencia de exhibición de documentos y posible incautación, de ser el caso”, se le escuchó decir.
Asimismo, señaló que “en cumplimiento de lo establecido” se suspendió la diligencia. En ese preciso momento, el director de IDL, Gorriti, ingresó de manera prepotente.
“Bueno, ¿qué pasa?, ¿es un estado policial o qué cosa?”, dijo y luego se acercó al representante del Ministerio Público y encargado de la operación, a quien automáticamente identificó, “fiscal Rurush, Rodrigo Rurush, ¿verdad?”
Gustavo Gorriti continuó criticando el trabajo fiscal llevado en las instalaciones de su ONG, aseverando que era una “violación a la libertad de prensa”.
Ante estas polémicas imágenes, la periodista Milagros Leiva, invitó a su programa de televisión al abogado penalista Luis Lamas Puccio para que opine al respecto.
“Lo acontecido tiene varias dimensiones, una formal y una de fondo. La formal evidentemente se puede verificar, la llamada de Pablo Sánchez interfiriendo en una diligencia judicial a los efectos de que se suspenda porque el fiscal de la Nación de aquel entonces toma una posición sobre el particular sin tener jurisdicción sobre ese aspecto”, comentó.
Asimismo, señaló que la llamada es un indicio razonable de la comisión de un delito por parte de un funcionario público, en este caso del fiscal de la Nación, que intercedió a favor de una persona que estuvo siendo objeto de un emplazamiento de carácter judicial, subrayando como delito de tráfico de influencias.
