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El primer ministro Alberto Otárola anunció este lunes 4 de diciembre la publicación del Decreto Legislativo 1589, que modifica el Código Penal para endurecer las penas contra las protestas violentas.

Según el decreto, el bloqueo de vías terrestres nacionales, departamentales, locales y fluviales será penado con una pena no menor de 10 años ni mayor a 15 de prisión.

Esta medida se suma a la actualización del artículo 283 del Código Penal, referido al delito de entorpecimiento de servicios públicos, que ahora también sanciona con hasta 10 años de cárcel los actos de violencia que causen graves daños a recursos e infraestructuras públicas y privadas.

Además, el decreto establece que el protestante que contribuya a hechos de violencia o destrucción recibirá una condena de hasta 6 años si es que provee de algún objeto, mueble o instrumento que, específicamente, facilite las acciones de disturbios.

Otárola señaló que estas medidas buscan garantizar la tranquilidad y la seguridad pública, y que se aplicarán de manera "severa y efectiva".

"Es hora que respondan por los actos aquellos que pretenden cortar o suspender, o hasta afectar los derechos de todos los peruanos", subrayó.

Las protestas violentas se han convertido en un problema recurrente en Perú en los últimos años. En 2022, se registraron numerosas manifestaciones que bloquearon carreteras, quemaron vehículos y causaron daños a la propiedad pública y privada.

El decreto legislativo 1589 es una respuesta del gobierno a esta situación. Sin embargo, algunos sectores han criticado la medida, argumentando que podría restringir el derecho a la protesta pacífica.