Fredy Hinojosa, portavoz presidencial, estaría implicado en distribución fraudulenta.
Noemí Alvarado Llanos, excolaboradora de la empresa Frigoinca, denunció que Qali Warma habría distribuido carne de caballo etiquetada como carne de res en los programas de asistencia alimentaria.
Según Alvarado, quien fue empleada de confianza de Nilo Burga, propietario de Frigoinca, la empresa habría despachado desde 2021 conservas adulteradas a instituciones educativas de las regiones La Libertad, Áncash, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Amazonas y Lambayeque.
La denunciante reveló detalles de una presunta red de corrupción y sobornos en el programa Qali Warma, que habría permitido que la carne adulterada llegara a los estudiantes.
“Algunos lotes eran solo de caballo, otros de res, y otros una mezcla”, detalló la testigo, quien respaldó sus afirmaciones con videos grabados en 2018 que, asegura, documentan el traslado de carne de caballo desde un camal en Huancayo hacia la planta de Frigo Inca.
En una de las pruebas que presentó, Alvarado mostró un análisis de ADN cárnico de 2019 que, según afirma, demostró la presencia de carne de caballo en las conservas.
En su testimonio, también mencionó que Víctor Salazar, quien fue funcionario de Qali Warma hasta diciembre de 2022, y Fredy Hinojosa Angulo, actual portavoz de la Presidencia de la República, estarían implicados en el presunto encubrimiento de esta actividad fraudulenta.
Al respecto, Alvarado expresó temor por su seguridad: “Mi abogado no sabe que estoy aquí. El señor Nilo Burga ya me está buscando, y él me va a silenciar. Lo conozco y sé de lo que es capaz”, declaró.
Ante la denuncia, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) afirmó que apoya de manera activa las investigaciones de la Fiscalía y confirmó que, desde el 7 de octubre, ordenó la suspensión total de la distribución y consumo de conservas de la marca Don Simón, comercializadas por Frigoinca, en todas las escuelas que participan en el programa Qali Warma.
Además, el Midis indicó que solicitará ampliar la investigación para determinar responsabilidades penales, tanto de los representantes de la empresa como de cualquier funcionario que haya facilitado la distribución de las conservas adulteradas.
