La Junta de Fiscales Supremos ha expresado su firme oposición al proyecto de ley que busca devolver a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de investigar delitos. A través de un comunicado, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha cuestionado esta iniciativa argumentando que colisiona con la autonomía institucional del Ministerio Público y que la PNP no cuenta con la capacitación y recursos necesarios para asumir esta función.
La propuesta legislativa, que aún se encuentra en trámite en el Congreso, busca modificar el Código Procesal Penal y agilizar los procesos penales delegando a la Policía la conducción de las investigaciones preliminares. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos considera que esta medida podría generar una serie de problemas, entre ellos:
- Atropello a la autonomía del Ministerio Público: La Fiscalía advierte que esta iniciativa menoscaba su independencia y capacidad para investigar los delitos de manera imparcial.
- Debilitamiento de la separación de poderes: Al otorgar a la Policía un mayor poder investigativo, se podría generar un desequilibrio en la distribución de funciones entre los poderes del Estado.
- Falta de capacidad de la PNP: La Junta de Fiscales ha señalado que la Policía no cuenta con el personal capacitado ni con los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones complejas y eficientes.
En ese sentido, Villena ha llamado al Congreso a evaluar con cautela esta propuesta y a priorizar el fortalecimiento del Ministerio Público como institución encargada de la investigación de los delitos.
"Resulta insostenible que se pretenda atribuir a la Policía Nacional la conducción de la investigación preliminar, dado que además su personal no se encuentra capacitado debidamente y no se le ha dotado de los recursos logísticos y operativos por décadas para una eficiente labor investigativa", enfatizó el fiscal.
La controversia generada por este proyecto de ley pone de manifiesto la importancia de garantizar un equilibrio entre las distintas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y proteger los derechos de los ciudadanos.
