
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley Soria, declaró extinguida por prescripción la acción penal contra Luis Torres Robledo y Jorge Infantas Franco por el presunto delito de tráfico de influencias.
Resolución judicial
La resolución N° 3 del pasado 15 de enero declara fundadas las solicitudes de excepción de prescripción interpuestas por las defensas de Torres e Infantas, quienes eran investigados como instigadores del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.
Investigación y archivo
El documento precisa que se archive definitivamente las actuaciones de Torres e Infantas en la investigación, una vez consentida o ejecutoriada la resolución, y se anulen los antecedentes generados como consecuencia del proceso. Además se les reserva el derecho para ejercer una acción civil en la vía correspondiente.
Antecedentes del caso
El 27 de marzo de 2023, la Fiscalía formalizó y dispuso la continuación de la investigación preparatoria contra Torres, como exalcalde provincial de Tacna, e Infantas como su abogado asesor. También se investigaba a los fiscales Oscar Ponce Begazo y José Luis Vega Pilco.
Acusación contra Infantas
A Infantas se le acusaba de procurar un resultado favorable en una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito contra Torres. Para ello, se le sindicaba de haber coordinado una reunión entre Ponce y los dos imputados con el fin de que interceda ante el fiscal supremo José Peláez Bardales para que disponga el archivo de los actuados. A cambio, habría solicitado 100 mil dólares, según la acusación.
Prescripción de la acción penal
Infantas alegó que su caso prescribió el 12 de agosto de 2020, mientras que el de Torres lo hizo el 7 de agosto de 2018. El Juzgado Supremo ha dado la razón a los argumentos de la defensa, declarando la prescripción de la acción penal.
Se espera que las partes involucradas se pronuncien sobre la resolución del Juzgado Supremo.
La decisión judicial genera debate sobre la prescripción de la acción penal en casos de corrupción.
Es importante que la justicia se aplique de manera célere y justa para evitar la impunidad.











