La administración pública en Perú atraviesa uno de sus momentos más críticos. La inmoralidad, ineficiencia y una persistente inestabilidad gubernamental han erosionado gravemente la labor del servidor público en los últimos años, impactando directamente la calidad de vida de los ciudadanos y minando la ya frágil confianza en unas instituciones estatales que parecen cada vez más incompetentes.
El problema es profundo y multifacético. La deficiente planificación, coordinación y delegación de funciones son una constante en las instituciones públicas. Un ejemplo palpable es la odisea que enfrentan los adultos mayores en las municipalidades, obligados a realizar trámites engorrosos e innecesarios debido a la falta de información clara sobre sus derechos y la ausencia de una verdadera interoperabilidad entre las entidades.
Corrupción endémica y un sistema anclado en el pasado
La corrupción es una enfermedad crónica que se alimenta de la persistencia de procedimientos obsoletos, muchos de los cuales se mantienen inalterables desde la dictadura fujimontesinista. Esta irregularidad, entre otras, facilita la falta de rendición de cuentas, profundizando la desconfianza ciudadana en el Estado.
A esto se suma la reducción de derechos laborales, incluyendo salariales y sindicales , que afecta significativamente a los servidores públicos. Este contexto es una consecuencia directa de políticas implementadas durante gobiernos que, bajo una bandera neoliberal y con tintes de corrupción, han generado una sobrecarga de trabajo sin el debido reconocimiento ni la dignificación de la mano de obra de quienes sostienen el aparato estatal.
Históricamente, la gestión pública peruana se ha basado en estructuras administrativas que datan de los años 40 . La única reforma integral de calado fue la impulsada por el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, cuyo modelo, que incluyó auditorías permanentes, representó un avance significativo. En cambio, la gestión pública actual carece de un control eficiente y riguroso.
La ineficiencia que castiga al ciudadano
La ineficiencia de la administración pública se manifiesta también en la solicitud de documentos redundantes y en cobros indebidos . "No es posible que las municipalidades sigan exigiendo fotocopias del DNI, partida de nacimiento, certificado de defunción, constancias de habilitación profesional, etc., cuando toda esa información está disponible en internet", señalan voces críticas, evidenciando una desconexión con la era digital y la necesidad imperante de mejorar la coordinación interna. Estos ingresos adicionales, a menudo no transparenteados, abren puertas peligrosas a la corrupción.
La ciudadanía exige, con justa razón, una administración pública transparente, intachable y respetuosa de la ley , que castiga severamente la impunidad y garantiza el acceso a los cargos públicos en base al mérito y la experiencia comprobada.
El llamado a una reforma radical y el rol del servidor público
Es urgente replantear el trabajo del servidor público a través de una reforma radical que contempla mejoras salariales, capacitación continua, sistemas de evaluación justos y mecanismos efectivos de control. El gran reto es modernizar la administración pública para que sea eficiente, transparente y esté verdaderamente al servicio de la ciudadanía.
Esto implica un aprovechamiento decidido de la tecnología para optimizar procesos , facilitar el acceso a servicios y promover una cultura ética basada en el respeto a los derechos humanos y la probidad.
"Necesitamos con urgencia un Estado que funcione bien. Es fundamental para el desarrollo del país", se enfatiza con vehemencia. Finalmente, se hace un llamado a los cerca de millones y medio de servidores públicos a ser los verdaderos "impulsores del cambio, a trabajar con ética, transparencia y responsabilidad. Su compromiso supremo debe ser con la Patria y con el Pueblo, como decía Jorge Basadre".
Fuente: Facebook de Marden Rojas Girón
